El ejecutivo regional de Murcia mantiene licencias a casas de apuestas sin considerar distancia mínima con los colegios

Se ha desatado una importante polémica en la Región de Murcia luego de que el ejecutivo regional confirmara que, por el momento, mantendrá la licencia de los casinos y casas de apuestas de la región sin exigir la distancia mínima de 500 metros con los colegios e instituciones educativas. La decisión se aplicará sobre los locales ya operativos.

Seguridad jurídica: La justificación para la controvertida decisión

Aunque se ha querido disminuir el riesgo de ludopatía entre los jóvenes, Murcia se enfrenta a un nuevo conflicto con el gobierno de la región y los operadores de los casinos, luego de que el gobierno autónomo afirmara que no tendrá en cuenta la distancia mínima de 500 metros con colegios y centros educativos en el proceso de renovación de las licencias. Según el ejecutivo, la medida solo debería afectar a los locales que ya tienen autorización. Esto en medio del endurecimiento de controles en España y la llegada de nuevas regulaciones para casinos bitcoin.

El gobierno sigue justificando la medida a través del principio de seguridad jurídica. Este criterio afirma que los operadores que obtuvieron una licencia bajo una normativa específica no deben afrontar condiciones alteradas por cambios regulatorios posteriores. Según el ejecutivo, si se aplica la distancia podrán haber recursos judiciales, conflictos administrativos y reclamaciones económicas, todo con base en la aplicación retroactiva de la norma y la estabilidad regulatoria.

La justificación, claro, no es suficiente para grupos de la oposición y colectivos que luchan por el endurecimiento de exigencias para el juego presencial en la región y por la aplicación de los requisitos vigentes en el procedimiento de renovación, especialmente al entender que la renovación de licencias no es un trámite automático, sino que requiere necesariamente del cumplimiento de condiciones técnicas y administrativas.

La polémica se da en un momento en el que otros municipios también intentan limitar la apertura de locales de juego en ciertas zonas urbanas. Sin embargo, conflictos de este tipo siguen aportando a un marco regulatorio confuso en el que no hay claridad sobre qué exigencias están vigentes y cuáles deben someterse a revisión en casos concretos.